¿Podremos saber con rigor si los bonos verdes son greenwashing?

Las emisiones de bonos verdes están demostrando un crecimiento explosivo. En el primer trimestre de 2018 se emitieron bonos verdes por un valor de alrededor de 30.000 millones de dólares, llegando a alcanzar más de 130.00 millones de dólares las emisiones realizadas en el primer trimestre del 2021 (como se puede apreciar en la figura).

Este fuerte crecimiento de la oferta de bonos verdes ha sido incluso insuficiente, desde la perspectiva de la de demanda de los inversores institucionales, ya que encuentran difícil conseguir en el mercado primario toda la suscripción que solicitan en las emisiones de bonos verdes. El resultado de esta sobredemanda es que el tipo de interés de la emisión se acaba fijando en unos niveles mínimos, por debajo del que normalmente lograría la empresa que los emite.

Sin embargo, en ámbitos sociales cercanos a las ONG, aumentan las críticas a estas emisiones que las califican de greenwashing en muchas ocasiones.

¿Es posible llegar a un sistema de medición que no deje duda de si son o no greenwashing?

El ICMA – International Capital Market Association – es un organismo reconocido internacionalmente que ha establecido los Green Bonds Principles para categorizar las emisiones de estos tipos de bonos. Si el estándar es mundial, y por tanto puede servir para establecer si un bono se incluye dentro de esta categoría – y poder así realizar su comparación con otros bonos -, ¿por qué permanece esta batalla dialéctica de si son o no greenwashing?

Veamos con un ejemplo el fundamento de esta disparidad de criterios. Una compañía eléctrica emite unos bonos que califica de “verdes”, ya que su finalidad es financiar la inversión de un campo de generación de energía renovable eólica. Sin embargo, dado que una parte sustancial de la generación eléctrica de esa empresa se basa en centrales térmicas de carbón, ¿se puede considerar que esa empresa es verde y por tanto beneficiarse de esa reputación?

Los que critican a la empresa afirmando que lo que hace es greenwashing, se fijan en el conjunto de la empresa y no en el proyecto solar o eólico aislado. En línea con este razonamiento, para muchas personas estos bonos verdes son un oxímoron, ya que una empresa que emite cantidades notables de CO2 no puede ser verde, aunque las condiciones de su bono emitido cumplan con los principios establecidos por ICMA.

¿Cómo superar el conflicto que enfrenta, por un lado, la percepción social de que las intenciones reales de la empresa no son reducir sus emisiones de CO2 – y por tanto no es verde -, y, por otro, la consecuencia real de que la empresa va a generar una energía no contaminante? El efecto derivado de un menor coste financiero influye en gran medida en las críticas en contra de que la empresa alcance la pretendida reputación de compañía verde.

Lo destacable en este debate es que las críticas y suspicacias no sólo provienen del entorno ONG, sino que los comunicados de los organismos internacionales y los reguladores destacan explícitamente su preocupación de que se produzca el greenwashing. La razón de esta preocupación es que estas entidades son conscientes que los vehículos financieros que se autodenominen “verdes” tienen que generar la confianza necesaria para que los ahorradores e inversores institucionales inviertan en ellos. Para ello, debe existir una garantía de su condición de “verdes”, con el fin de asegurar así el flujo de fondos privados necesarios para hacer frente al cambio climático.

En este sentido, en la declaración reciente de los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7, realizada el 5 de junio de 2021, se ponía de relieve su apoyo a la necesaria obligatoriedad de la información sobre los riesgos climáticos de la empresa, como mecanismo fundamental para dar confianza a los mercados, siguiendo unos estándares unificados.

El problema no se ha solucionado con estas declaraciones, ya que lograr que internacionalmente se acepten unos estándares es una cuestión que tiene una gran complejidad, en la medida en que existen diferencias de enfoque entre US y Europa. Por citar la más relevante, la visión americana se centra en la materialidad financiera, mientras que la europea insiste en la doble materialidad; es decir, tener en cuenta la materialidad financiera y la que resulta del impacto de la actividad de la empresa sobre el medio ambiente en general.

La conclusión que podemos extraer es que si gana el enfoque europeo se podrá matizar con más fundamento el calificativo de greenwashing. Si se incluye entre los requerimientos para calificar como verde una emisión de deuda, el que se explicite de alguna manera el impacto medioambiental global de la empresa y sus objetivos ambientales, es un argumento a favor de creer que la emisión no es puro greenwashing. En este sentido, se podrán beneficiar más de los menores costes financieros unas emisiones que otras. Al poder hacer una comparación entre bonos verdes, se podrá elegir “competitivamente” entre aquellas emisiones verdes que sean más consistentes con el impacto medioambiental de la actividad principal de la empresa, y, por tanto, que se puedan beneficiar de una mayor reducción del tipo de interés de la emisión.

La evolución de este debate parece que se está inclinándose del lado europeo, ya que el ICMA, en su revisión de los Principios de los bonos verdes del 2021, considera que el compromiso medioambiental de la empresa puede quedar demostrado con el concepto de bono “vinculado” a la consecución de unos objetivos medioambientales globales de la empresa. Si ésta no cumple los objetivos marcados en el contrato, el propietario del bono recibiría una prima por encima del tipo de interés del bono verde.

El tema del greenwashing es muy relevante actualmente y las presiones de los gobiernos van a determinar en los próximos años las condiciones para clarificar este debate.